El populismo es un sistema político que establece una dicotomía entre "el pueblo" y "la élite". Los líderes populistas afirman representar la voluntad del "pueblo" y, a menudo, buscan el apoyo de la mayoría, apelando a sus emociones y frustraciones. Esta ideología no se limita a una sola parte del espectro político, sino que puede manifestarse en la izquierda o en la derecha.

El peligro de los regímenes populistas a los derechos humanos

Los regímenes populistas, en su búsqueda de poder y legitimidad, a menudo socavan las instituciones democráticas y, en consecuencia, violan los derechos humanos. Aunque las violaciones pueden variar en forma y grado, a menudo siguen patrones similares. Algunos ejemplos de estas acciones son:

• Ataque a las instituciones democráticas: Los líderes populistas, que consideran que solo ellos tienen la legitimidad para gobernar, debilitan las instituciones que limitan su poder. Esto incluye a los tribunales, el poder judicial, la prensa independiente y los organismos electorales. Al hacerlo, eliminan los controles y contrapesos que protegen los derechos humanos.
• Marginalización de las minorías: Los líderes populistas suelen basar su discurso en la idea de un "pueblo" homogéneo. Esto lleva a la marginalización de los grupos minoritarios que no encajan en esa definición. Los discursos de odio y la discriminación contra las minorías étnicas, religiosas, de género o políticas son comunes, lo que conduce a violaciones de sus derechos civiles y políticos.
• Control sobre los medios de comunicación: Los regímenes populistas, que consideran a la prensa independiente como un obstáculo para sus objetivos, a menudo intentan controlar la narrativa a través de la censura, la intimidación y la desinformación. Los periodistas y los medios que desafían al gobierno pueden ser atacados, lo que restringe la libertad de expresión y el derecho de la población a la información.
• Uso de la fuerza y la violencia: Los regímenes populistas, para silenciar a la disidencia y mantener el control, recurren a la represión de las protestas y la intimidación de los opositores políticos. Las fuerzas de seguridad, que a menudo actúan con impunidad, son utilizadas para reprimir las manifestaciones pacíficas y para llevar a cabo detenciones arbitrarias.

El caso de México

En México, el populismo se ha manifestado a lo largo de la historia, pero ha adquirido una nueva dimensión en las últimas décadas. Aunque el país ha avanzado en la consolidación de la democracia, el resurgimiento del populismo ha generado preocupación por el debilitamiento de las instituciones y la protección de los derechos humanos. Algunas de las manifestaciones del populismo que ponen en riesgo los derechos humanos en México son:

• Ataques a los organismos autónomos: El actual gobierno ha criticado y tratado de eliminar organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE), argumentando que son ineficientes o que están al servicio de la "élite". Este tipo de acciones debilitan el sistema de pesos y contrapesos que protege los derechos políticos y electorales de los ciudadanos.
• Estigmatización de la prensa: El gobierno mexicano ha atacado públicamente a periodistas y a medios de comunicación críticos, acusándolos de ser parte de una "mafia del poder". Estos ataques socavan la libertad de prensa y ponen en riesgo la seguridad de los periodistas, que en México se enfrentan a un alto riesgo de violencia.
• Militarización de la seguridad pública: El uso del ejército para la seguridad pública, aunque se justifica como una medida para combatir al crimen organizado, ha generado preocupación por los abusos de los derechos humanos. Las organizaciones de derechos humanos han documentado casos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, que a menudo quedan impunes.
• Discurso polarizador: El discurso populista, que divide a la sociedad en "buenos" (el pueblo) y "malos" (la élite), aumenta la polarización social y la hostilidad contra los opositores políticos. Esto puede generar un ambiente de intolerancia y violencia que amenaza la estabilidad social y la protección de los derechos humanos.

Los regímenes populistas a menudo buscan consolidar su poder y controlar la economía, lo que puede llevar a una mayor intervención gubernamental en la vida de los ciudadanos. En México, el gobierno que se dice de “izquierda” y es de tendencia comunista, ha implementado diversas medidas en materia fiscal que han generado un debate sobre el balance entre la necesidad del Estado de aumentar desesperadamente la recaudación de impuestos y con ello la consecuente violación a la protección de los derechos humanos de los contribuyentes.

Como lo es el incremento de la fiscalización

El gobierno de México, en su búsqueda por aumentar la recaudación fiscal, pretextando la implementación de las acciones BEPS en su incorporación a la legislación nacional y pretextando el combate directo a la evasión, defraudación fiscal y simulación de operaciones inexistentes, ha incrementado la fiscalización y ha endurecido las sanciones para los contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones. Esto se ha traducido en la implementación de nuevos procedimientos administrativos, conceptos jurídicos y herramientas tecnológicas, como la facturación electrónica, el uso de inteligencia artificial para la detección de irregularidades, de entre otros que conllevan el endurecimiento de los procedimientos de fiscalización masiva y el incremento desmesurado de las facultades de gestión contra los contribuyentes. Si bien estas medidas han tendido medianamente resultados positivos en el combate contra la evasión, también es cierto que, han generado preocupación por la reiterada y constante violación de los derechos humanos del contribuye al violentarse el principio de legalidad, de decido proceso, el principio de inocencia, el de certeza jurídica, de entre otros, en contra de los contribuyentes, generando indudablemente el abuso de ley, la arbitrariedad y el abuso de autoridad por parte de las autoridades fiscales.

Limitaciones a los derechos de los contribuyentes

A pesar de que la ley mexicana establece derechos para los contribuyentes, como el derecho a la defensa y a la presunción de inocencia, los críticos del gobierno señalan que estos derechos se han sido restringidos y violentados por el incremento de las facultades tanto derechos gestión como de comprobación de las autoridades fiscales. Por ejemplo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha adquirido la facultad de restringir “temporalmente los certificados de sellos digitales a los contribuyentes que se consideran que han incurrido en cualquiera de las 300 causales que establece el artículo 17.- H Bis del CFD, lo que en la práctica les impide continuar con su actividad económica y paradójicamente generar recursos para el pago de las contribuciones. Esta medida, si bien teóricamente busca combatir la evasión fiscal, afecta el derecho al trabajo y al libre ejercicio de la profesión, lo que ha generado quejas por parte de los contribuyentes y de los expertos en derecho fiscal, además de violar el principio de legalidad, de certeza jurídica y del debido proceso de entre otros.

Impacto en el derecho de propiedad

El aumento de la fiscalización y la implementación de medidas más estrictas han generado también un debate sobre el derecho de propiedad de los ciudadanos. Algunos expertos señalan que el gobierno, a través del SAT, ha aumentado el uso de embargos y de la cobranza coactiva con la
Finalidad de recuperar los adeudos fiscales, lo que en algunos casos ha llevado al Embargo de Bienes incluyendo cuentas bancarias de los contribuyentes perjudicando a los trabajadores en sus ingresos y derechos laborales.m. Si bien el Estado tiene el derecho de cobrar los impuestos, también lo es que el uso excesivo de estas medidas debe ser considerado una violación al derecho de propiedad, un derecho que está protegido por la Constitución.

Por tanto el incremento en la normatividad y el aumento de las restricciones en materia fiscal en México han generado un debate sobre el balance entre el poder del Estado y los derechos humanos de los contribuyentes. El gobierno, bajo un régimen populista, ha implementado medidas que, si bien buscan combatir la evasión y aumentar la recaudación, socavan los derechos de los contribuyentes y generan preocupación por la protección de la privacidad, el derecho al trabajo y el derecho de propiedad. La falta de contrapesos y la debilidad de las instituciones pueden exacerbar este problema y poner en riesgo el ejercicio pleno de los derechos humanos en el país.